La labor del peritaje se realizó entre mediados de diciembre de 2020 y mediados de marzo de 2021, cuyo resumen del informe fue presentado al Directorio en su sesión del 30 de marzo de 2021 (N°1.797).
A fines del año 2020, la actual directiva tomó conocimiento por denuncias acerca de irregularidades contables y financieras que habrían acaecido antes de que el actual Presidente y su Directorio asumiera. El Directorio celebrado el 30 de noviembre de 2020 (N° 1.792) autorizó por amplia mayoría que se practicara un peritaje contable del período enero 2019 a marzo 2020, a fin de precisar en lo posible la naturaleza y alcance de los hechos.
Para tal efecto, el Instituto contrató al Perito Judicial Contador Don Eduardo Guzmán Utreras, profesional de larga experiencia y nutrido currículo, en el cual destaca su registro como tal en todas las Cortes de Apelaciones de Chile. Fue Jefe del Departamento de Peritos Contables del Laboratorio de Criminalística de la PDI y Presidente de la Asociación de Peritos Judiciales, que incluye a los peritos de todas las profesiones que existen en Chile, incluyendo los ingenieros en minas. Desde luego posee estudios de Auditoría, Ingeniería Comercial y es Abogado.
La labor del peritaje se realizó entre mediados de diciembre de 2020 y mediados de marzo de 2021, cuyo resumen del informe fue presentado al Directorio en su sesión del 30 de marzo de 2021 (N°1.797).
Las principales conclusiones se resumen a continuación:
i. Existiría un fraude en el proceso eleccionario de enero 2020, porque se emitieron documentos falsos de pago de cuotas sociales que habilitan a 78 personas para votar sin estar al día, de los cuales votaron 51.
ii. No existen conciliaciones bancarias por lo que hay una habitual distorsión de información de los libros contables y la contabilidad podría ser reputada como falsa por dichas distorsiones.
iii. Existen 4 boletas que podrían ser considerados ideológicamente falsas por un total de 3.8 M$.
iv. La deuda tributaria por las inconsistencias de la declaración del año tributario 2017, no fue oportunamente atendida por los responsables de tomar acción (Gerente y Contador), más los directores responsables de las finanzas del periodo, y cuando llegaron las resoluciones del S.I.I. tampoco lo comunicaron a los directores responsables de la época actual.
v. Existen cargos contables contra resultados que alcanzan a más de 30 M$ para hacer desaparecer de los registros valores pendientes de rendiciones de cuentas , rebajando esa partida del Patrimonio del IIMCh.
Dado que las conclusiones implican responsabilidades que requerirían acciones legales que debían ser ponderadas adecuadamente por su gravedad, es que se acordó llevar el tema a un Directorio Ampliado (con presencia de los ex Presidentes), desde donde saldría la definición final de las acciones a seguir.
El Directorio Ampliado es esencialmente una reunión de alto nivel y de tipo consultivo, por lo que no se pretende que sus conclusiones o decisiones sean vinculantes.
Lo destacable de esa Reunión de Directorio Ampliada fue que la gran mayoría de los ex presidentes se manifestó en recomendar la acción judicial, dados los antecedentes mostrados por el peritaje.
Tras el Directorio Ampliado, el Presidente citó a un Directorio Extraordinario para que el Perito expusiera sus hallazgos y luego se definiera si corresponde o no hacer una acción judicial.
Durante la Reunión Extraordinaria se plantearon las opciones de denunciar a los involucrados a la Comisión de Ética y según resultados ir a la Justicia. Por votación mayoritaria se optó por ir directamente a la justicia y se dio autorización para contratar abogados penalistas que representen al Instituto y den curso a la investigación judicial.
Es lamentable para todos haber llegado a este nivel en una organización de profesionales que voluntariamente se asociaron a ella. Empero, la situación encontrada obliga a actuar del modo indicado para que nuestra institución consiga la trasparencia en su gestión y recupere el prestigio que nos dio orgullo en el pasado.