La propiedad en la industria minera – El caso Dominga

La reciente noticia de los Pandora Papers, con la forma de vender Mina Dominga entre chilenos en las Islas Vírgenes, con cláusulas que implican aspectos controversiales, ha motivado a muchos colegas a criticar el apoyo temprano del IIMCh a la aprobación ambiental del Proyecto Minero Dominga.

Yo quisiera recordar a todos que el IIMCh no es un gremio, sino que una asociación de profesionales que voluntariamente se unen para tratar de desarrollar una mejor minería en nuestro país, a partir de la búsqueda de la excelencia en nuestra profesión.

En el contexto anterior, el IIMCh nunca ha cuestionado la propiedad de la industria minera, más aún siempre hemos celebrado la “triada virtuosa” de haber logrado una minería estatal fuerte (CODELCO y ENAMI), una gran minería privada mayoritariamente de capitales extranjeros, y una mediana y pequeña minería mayoritariamente de capitales chilenos.

Siempre recuerdo un profesor de la universidad, que después de fue un brillante líder de proyectos mineros de la década del 90, que nos decía que como profesionales no deberíamos cuestionar ni el origen ni la propiedad de los recursos mineros y que sólo deberíamos hacer nuestros mejores esfuerzos por lograr materializar los proyectos en forma efectiva y propender hacia una operación rentable y eficiente.

Ese mismo colega, a pesar de sus ideas muy de derecha, cooperó con entusiasmo en la administración de empresas mineras, cuando los gobiernos de la DC y UP, efectuaron las nacionalizaciones pactadas o forzadas. Posteriormente, tras la privatización de dicha empresa, lideró mega-proyectos para dos diferentes dueños.

Al IIMCh no le corresponde discutir sobre quién es el dueño de las minas, no nos corresponde evaluar si la propiedad minera debería ser estatal o privada, no nos corresponde demonizar a los Luksic, a Ponce Lerou, a los accionistas de BHP, las empresas japonesas, al igual que discutir sobre la propiedad de CODELCO que ya cumple 50 años desde la nacionalización de la gran minería de antaño.

Nuestra labor como profesionales es apoyar en decisiones y materializar y operar las minas, para que sean rentables para sus dueños, creen riquezas para el país (accionistas, empleados, proveedores) y aporten impuestos que permiten solventar el desarrollo social.

Nuestra labor se ha complejizado por tener que cumplir cientos de restricciones ambientales y lograr que la minería sea aceptable por las comunidades aledañas potencialmente afectadas. Pero si alguna empresa minera logra, con el aporte de profesionales idóneos y colegas nuestros, la aprobación de un nuevo proyecto minero, siempre debemos celebrarlo.

Debemos propender al desarrollo de una “buena minería” que no pierda su eficacia y rentabilidad, en forma amistosa con el medio ambiente y las comunidades, y con un respeto absoluto a la ley chilena.

Luego, reitero lo comentado anteriormente, nosotros como profesionales de la minería no debemos tomar partido sobre quién o quiénes son los dueños de las minas, sólo debemos poner nuestros conocimientos al servicio de los que actúen como propietarios, sean chilenos o extranjeros, estatales o privados, siempre que ellos cumplan la “ley chilena” a cabalidad.

Juan Rayo P.
Presidente
Instituto de Ingenieros de Minas