A la vez, se plantearon iniciativas para perfeccionar las tramitaciones ambientales de proyectos. Una de ellas apunta a que no solo el inversionista cuente con una RCA, sino también el Estado y las comunidades para que se cumplan los compromisos.
Si bien las tramitaciones ambientales y la judicialización de proyectos han asomado como obstáculos para el desarrollo de inversiones en el sector minero, las mayores trabas que sigue enfrentando este rubro son los altos costos de la energía y la escasez de agua.
Así lo reconocieron empresarios, ejecutivos y políticos que participaron en la inauguración de Diálogos para la Productividad, instancia integrada por actores del ámbito público y privado que ayer abordó los desafíos del sector minero y que en un par de meses pretende contar con conclusiones concretas para elevar la productividad de este rubro.
La sesión de ayer estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes; la titular de Minería, Aurora Williams, y el presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), Gonzalo Rivas. A la vez, el primer diálogo sectorial contó con la intervención del presidente del directorio de Antofagasta Minerals, Jean-Paul Luksic; la coordinadora del Programa Conjunto de Pueblos Indígenas del PNUD, María Eliana Arntz; y el Premio Nacional de Ciencias Exactas y vicepresidente del CNIC, Servet Martínez.
Jean-Paul Luksic destacó que la minería ofrece empleos de calidad, genera una alta actividad para las pymes del país y ha experimentado mejoras en materia medioambiental y en la transparencia de las relaciones con las comunidades donde se emplazan los proyectos. Sin embargo, el empresario señaló que la productividad de este sector en el país "no es buena", situación a la que se unen otras complicaciones propias del negocio como las menores leyes de los minerales y la mayor profundidad de estos.
Luksic afirmó que uno de los grandes problemas que enfrenta la minería está relacionado con los costos de la energía. "Estamos pagando una electricidad muy cara, brutalmente cara comparada con otros productores de cobre del mundo y eso es algo que tiene que abordarse de forma inmediata". Añadió que "el tema del agua es lo mismo, es muy cara, de difícil acceso y, por lo tanto, la solución a futuro en general es con agua de mar, que va en función directa del costo de la energía. Hay que desalinizarla y bombearla, y eso ocupa una cantidad de energía enorme".
El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, sostuvo que "es evidente que hay un conjunto de desafíos y dos de ellos son energía y agua, pero no solo en la minería, sino en general en el desarrollo productivo del país".
El presidente de Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, admitió que los costos de la energía y del agua "han afectado nuestra competitividad y la consecuencia es la paralización de más de la mitad de los proyectos de inversión". Indicó que estos factores están incidiendo con mayor fuerza en la ralentización de inversiones que la caída en el precio del cobre.
Edgar Basto, presidente de Minera Escondida -controlada por BHP Billiton-, comentó que el negocio minero es intensivo en capital y para que un proyecto funcione debe ser atractivo en el largo plazo para los inversionistas e ir acompañado de una buena productividad en la compañía, "y el agua y la energía son parte fundamental".
El ex presidente Ricardo Lagos -quien estuvo entre los asistentes- también advirtió que el tema energético e hídrico está generando altos costos para el rubro. En tanto, la ministra Aurora Williams indicó que se debe "buscar la eficiencia energética para que se reduzcan los costos" y establecer mecanismos para disminuirlos a través del trabajo que realiza el Ministerio de Energía en su agenda.
Normativa ambiental
En otro tema, Luksic planteó que deben reforzarse temas ligados a tramitaciones ambientales. Indicó que todos los actores ligados a un proyecto deberían contar con una resolución de calificación ambiental (RCA) que sea respetada. Esto no solo en el caso del inversionista, sino también el Estado y las comunidades, que sea algo vinculante y que nadie puede desentenderse de los compromisos asumidos.
Bernardo Larraín, presidente del directorio de Colbún, manifestó que "es importante que la participación ciudadana temprana deba ser en un marco institucional y eso debe ser incorporado al sistema de evaluación ambiental". Añadió que no es suficiente con que las empresas realicen iniciativas tempranas con las comunidades si ello no está normado.
Fuente: El Mercurio