Todas las iniciativas en ese trámite pertenecen a los sectores de minería y energía.
A inicios de este mes, la Corte Suprema determinó paralizar el proyecto de oro y cobre El Morro, de las canadienses Goldcorp y New Gold, dejando en ascuas el futuro de una inversión cercana a los US$ 4 mil millones.
El motivo tuvo que ver con el desarrollo de la denominada Consulta Indígena, mecanismo de participación entre el Estado y los pueblos originarios -se realiza cuando se prevén medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente- y que va en línea con el Convenio 169 de la OIT, suscrito en 2009.
Según estadísticas del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, hay 11 proyectos en dicho proceso. Todos ellos están ligados a los sectores de minería (2) y energía (9) y alcanzan un monto total de inversión de US$ 8.478 millones.
La iniciativa con la mayor inversión es RT Sulfuros, de Codelco (US$ 5.400 millones), mediante el cual se planea dar continuidad al desarrollo de la mina a rajo abierto de Radomiro Tomic.
En el sector energético, en tanto, el mayor proyecto de transmisión en el país, por US$ 1.000 millones y desarrollado por Interchile, también cursa dicho proceso. Se trata de una línea de transmisión entre las subestaciones de Polpaico y Cardones, que es clave para reforzar el sistema desde Santiago al norte y que enfrenta la oposición de las comunidades del valle de Limache y otras comunas de la Región de Valparaíso.
Las lecturas
El ex director del Servicio de SEA, Ricardo Irarrázabal, explicó que uno de los temas fundamentales de la Consulta Indígena tiene que ver con la entrega de certidumbre tanto para las comunidades como para los inversionistas. Comentó que para ello se aprobaron dos reglamentos: el general de Consulta Indígena y el del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia). Sin embargo, reconoció que frente a varios proyectos hay un problema relacionado con que muchos de ellos no quedaron bajo la vigencia del nuevo reglamento del Seia. “Es fundamental darle tiempo al nuevo reglamento del Seia para que se implemente la consulta. La mayor incertidumbre es no saber cómo realizarla”, dijo.
El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, precisó que si bien el organismo que representa no es el encargado de realizar dichos procesos, sí fiscaliza que los compromisos se cumplan en iniciativas con permisos ambientales aprobados. “Las obligaciones y condiciones en materia social son fiscalizadas por nosotros en las mismas condiciones que aspectos estrictamente ambientales, y el nivel de cumplimiento no es mayor ni menor si comparamos ambos casos”, explicó.
Desde las eléctricas, Rodrigo Castillo reconoció que hay una deuda como país relacionada a las dificultades para la implementación del mecanismo. “No hemos sido exitosos, de manera consensuada y aceptada socialmente, de cómo hacer estos procesos, por lo que el gran desafío es que estos procesos, desde el punto de vista institucional, sean legítimos”, dijo.
En tanto, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, René Aguilar, sostuvo que “en Chile todos estamos aprendiendo a construir la nueva institucionalidad. Como Codelco estamos participando de cerca con las comunidades, explicando las características de los proyectos y los impactos que podrían tener”.
Fuente: La Tercera