La Sonami y el Consejo Minero expusieron ayer sobre el proyecto de reforma tributaria en la Comisión de Hacienda del Senado.
Extender de uno a cuatro años el mecanismo de depreciación instantánea, considerado en el proyecto de reforma tributaria, propuso ayer el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, al exponer sobre la iniciativa del gobierno en la Comisión de Hacienda del Senado.
“Considerando que los ciclos de la minería son distintos a otras industrias, el plazo de un año será insuficiente para fomentar la inversión en la minería, donde, como hemos dicho, las decisiones de inversión son de largo plazo”, dijo Salas. Añadió que “es importante dejar claramente establecido que el gasto por depreciación puede ser usado contra impuestos finales y contra impuesto específico a la minería”.
La depreciación corresponde a la progresiva pérdida de valor de un bien en el tiempo producto de su uso o desgaste. Las empresas pueden reconocer como gasto necesario para producir la renta, y descontarla de sus utilidades para el pago de impuestos, una cuota anual por concepto de depreciación. Hoy, la depreciación acelerada permite reducir en un tercio la vida útil de los activos para elevar la reducción tributaria en un lapso más inmediato de tiempo.
Como está considerada en el proyecto de ley, la depreciación instantánea permitiría a las empresas rebajar de su base imponible -de una sola vez y por un período de 12 meses desde que sea aprobado el proyecto- el gasto que realizan en activos fijos.
Mayor recaudación
A continuación, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, aseguró que el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) ha sido un importante estímulo a la inversión de la minería “que será difícil de reemplazar”.
Villarino dijo que “todos quienes han señalado que la reforma tributaria no afecta a la minería están equivocados”. En ese plano, afirmó que, descontando el royalty, si se sumara un impuesto de primera categoría de 25% más una retención de 10% a los impuestos pagados por el sector en los últimos cuatro años, esto implicaría una mayor recaudación fiscal proveniente de la minería privada por US$ 7.800 millones. “Esto quiere decir que nuestro aporte hubiese sido 38% mayor, sólo aplicando dos aspectos básicos de la reforma”, señaló.
Adicionalmente, Villarino dijo que de eliminarse el DL 600, debiese ser reemplazado a la brevedad por otro mecanismo de incentivo a la inversión extranjera, que otorgue un marco jurídico estable al sector.
Fuente: La Tercera