Las designaciones causaron sorpresa pues ninguno de los profesionales escogidos tiene relación o conocimientos específicos del negocio minero.
Cumpliendo con lo establecido en la Ley de Gobierno Corporativo, ayer el gobierno informó los nombres de los tres nuevos directores de Codelco que le corresponde designar a la presidenta de la República, uno de los cuales, además, ocupará la presidencia de la minera estatal.
Ese es el caso del economista Óscar Landerretche Moreno, quien es socialista y sucederá en esta responsabilidad a Gerardo Jofré, quien según está establecido por los períodos fijados por la normativa, podría mantenerse en la mesa hasta mayo de 2017.
La designación de la mandataria incluye también a la abogada Laura Albornoz, quien está vinculada a la Democracia Cristiana, y al también economista Dante Contreras, quien no tiene miltancia partidista.
Esta decisión provocó sorpresa a nivel general, no sólo porque los nuevos directores -cuyos cargos se extenderán hasta 2018- no tienen mayor vinculación ni experiencia con el negocio minero, sino que también porque dos de ellos, los economistas de la Universidad de Chile, no habían sonado entre las decenas de nombres que circularon para llenar estos cupos, que hasta el sábado le correspondieron a Fernando Porcile (ingeniero civil en minas y ex presidente de Collahuasi), Juan Luis Ossa (abogado especialista en legislación minera e inversionista del sector) y Andrés Tagle (ingeniero con experiencia en seguros).
En el caso de la ex titular del Servicio Nacional de la Mujer la situación fue otra ya que el sillón en Codelco fue una de las varias opciones para las que barajó su nombre.
El gobierno, a través del vocero Álvaro Elizalde, declaró que “el desafío de los nuevos directores es mejorar la competitividad de la cuprífera, para así mantener el liderazgo mundial de la principal empresa estatal chilena”.
Desde Argentina, país que visitó como parte de la delegación de la presidenta Bachelet, la ministra de Minería, Aurora Williams, dcoincidió con la apreciación de palacio, mientras que parte de los sindicatos de la estatal, a través del presidente de la Feración de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, se mostraron cautelosos con la designación, en particular del nuevo presidente de la corporación.
Para algunos abogados la interpretación que el gobierno hizo respecto de los requisitos de experiencia para ser director de Codelco podría ser discutible.
La norma establece que se debe “acreditar una experiencia profesional de a lo menos cinco años, continuos o no, como director, gerente, administrador o ejecutivo principal en empresas públicas o privadas, o en cargos de primer o segundo nivel jerárquico en servicios públicos”.
La única excepción de lo anterior vale para los representantes de los trabajadores.
Trascendió que las actividades de los nuevos directores de Codelco comenzarán a la brevedad, ya que una de las decisiones del gobierno sería que la Presidenta Bachelet incluya el anuncio de capitalización de Codelco en su discurso del próximo miércoles 21 de mayo, lo que obligaría a adelantar la próxima reunión de la mesa de la estatal, que usualmente se realiza los últimos días de cada mes.
“Sería importante que antes del 21 de mayo el directorio sesione y analice la capitalización para que así el presidente pueda tratar este tema con los representantes del dueño en forma informada”, dijo un cercano a la mesa de la estatal.
En su nueva conformación, dos de los nueve directores de la estatal, a excepción de los representantes de los trabajadores (Raimundo Espinoza, por la FTC, y Augusto González, por los supervisores y profesionales) tienen vinculación con el negocio minero.
Se trata de Marcos Lima, que fue presidente ejecutivo de Codelco, y Marcos Büchi, que a través de Ultraterra se relaciona con la minería del carbón en Minera Isla Riesco.
A partir de la práctica de la ley de gobierno corporativo de Codelco, vigente desde 2009, el rol de presidente de la estatal no es menor, pues está encargado de conducir la relación entre la empresa y los representantes del dueño, es decir, el Estado, a través de los ministros de Hacienda y Minería.
Fuente: Diario Financiero