Sostiene que hay procedimientos de la tramitación ambiental que no deberían estar sujetos a fiscalización ni sanciones.
La asociación cree que se puede perfeccionar el sistema para reducir la alta judicialización de proyectos.
Marcando su debut en la comisión asesora presidencial que propondrá cambios para al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero entregó sus propuestas, para mejorar un sistema que calificó como "equilibrado".
Durante la segunda sesión, el representante de las mineras precisó que la esencia del SEIA está bien enfocada ya que en términos generales "identifica los impactos, los evalúa y establece mitigaciones y compensaciones".
Sin embargo, Villarino ve que existe un espacio para perfeccionarlo con el objeto de reducir la alta judicialización de los proyectos.
Los cambios
Entre las propuestas entregadas destaca la focalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Para la asociación minera éstos deben limitarse sólo a aspectos ambientales específicos susceptibles de ser fiscalizados y sancionados.
"La RCA suele tener mucha información que no tiene relevancia ambiental, ocurre, por ejemplo, respecto de la descripción del proyecto. En líneas generales, esos aspectos no debieran ser objeto de fiscalización o sanción si varían en la ejecución definitiva", puntualizó.
Otro punto que destacó es la implementación de un sistema de información permanente que permita actualizar al organismo acerca de cambios menores.
Con esto se busca que se identifiquen las materias relevantes y ambientales de las que no lo son y sacarlas de este procedimiento. "Para estas últimas, establecer mecanismo abreviados, planes de seguimiento actualizables, cláusulas de progresión, etcétera. El derecho comparado cuenta con varias herramientas interesantes sobre el particular", precisó Villarino.
Otro de los desafíos es la necesidad de contar con un sistema integral que abarque la revisión de todos los recursos administrativos y judiciales que tienen efectos en las evaluaciones ambientales. Esto impediría que aquellos permisos obtenidos ante otros organismos especializados, "sean revocados o modificados por tribunales no especializados a través de procedimientos no establecidos al efecto y en plazos extremadamente breves".
Finalmente el Consejo Minero solicitó aclarar el radio de acción de organismos como municipalidades y seremis medioambientales ya que, según Villarino, muchas veces solicitan información que no tiene relación con su labor.
Así, sostuvo que "en la práctica se puede constatar que muchas veces los servicios que participan en un proceso de evaluación ambiental hacen consultas y requieren información sobre un sinnúmero de materias que no tienen nada que ver con sus competencias y, no sólo eso, reiteran preguntas y solicitudes de información que previamente han sido requeridos", señaló el presidente del Consejo Minero.
Fuente: Diario Financiero