La conferencia de Jueves Minero fue realizada por fundador de JRI Ingeniería y actual presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Juan Rayo Prieto. Durante la presentación se analizó la importancia y los retos que implica la licencia social en minería.
Se llama Licencia Social para Operar (SLO, del inglés Social Licence to Operate) a la aprobación o rechazo que da la comunidad y otros grupos de interés a un proyecto o empresa. Es la percepción de la sociedad sobre qué tan bueno es para ellos y su entorno la realización de algún proyecto en específico.
La LSO no surgió junto con la minería, ya que en los inicios de la minería, sobre todo en Chile, eran los propios miembros de la comunidad los que hacían emprendimientos mineros en su entorno, que normalmente eran aceptados y tolerados por el resto. Este concepto de emprendedor minero proveniente de las comunidades todavía se ha mantenido en las pequeñas y medianas minerías de comunidades agrícola-mineras, sin reparos mayores de los vecinos y comunidades potencialmente afectadas.
“Los casos extremos de pérdida de la LSO en Chile han sido Pascua Lamas y Mina Invierno, pero otras empresas ya han tenido dificultades serias al respecto y posiblemente otras nuevas también las tendrán. El objeto de esta presentación es llamar la atención sobre la nueva cultura que debería tener la industria minera chilena para ser aceptada plenamente por las comunidades aledañas y potencialmente afectadas”, explicó Juan Rayo.
A juicio del expositor, “los esfuerzos que deben hacer todos los actores de la minería chilena para recuperar imagen y lograr aumentar y mantener las LSO son:
Propender a hacer proyectos con buena ingeniería (diseños impecables) que nunca contaminen, que sean limpios (sin polvo, sin barro, sin RILES) y que sea materializada en forma armónica con la realidad social del entorno, sin conflictos, con apoyos y generosidad.
La industria minera debe operar en forma cuidadosa, evitando producir eventos que afecten a las comunidades y si algo pasa, solucionarlo en forma inmediata aunque signifique costos imprevistos.
Escuchar, atender y dar respuesta a las preocupaciones de las comunidades, aunque parezcan absurdas. Disponer de personal idóneo que escuche y resuelva situaciones complejas, insertarse en el mundo comunitario, con más presencia efectivo que sólo regalando plata.
Propender a que la minería entre al ámbito político. En el parlamento deben haber representantes del mundo minero. Apoyar la creación de la Política Minera 2050.
Aumentar el apoyo profesional y del mundo educado a la gestión minera. Resaltar que la minería es el motor de la economía nacional (en especial durante la pandemia). El IIMCh tiene una importante labor al respecto.
Para finalizar, Juan Rayo explico que “lograr la LSO con la ciudadanía cercana a la minería requiere definir, propender y alcanzar una “cultura de un buen vecino”, ni prepotente, ni sumiso y siempre muy cooperador, que se distingue por su limpieza, transparencia y confiabilidad en el cumplimiento de los acuerdos. Vale decir, que la empresa minera tenga una alta Reputación Industrial”.