Por Julio Cifuentes, ingeniero civil metalurgista y presidente de la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH). En estas reflexiones han participado Juanita Galaz, ingeniera civil de minas y ex directora de Enami; María Isabel González, ingeniera civil de minas; y Jorge Pedrals, ingeniero civil de minas.
Nos parece importante presentar este texto como un aporte en este particular momento, porque los recursos minerales presentes de cordillera a mar y de norte a sur, son parte de nuestra identidad. Nuestra historia y su economía están estrechamente ligadas a la minería. Chile siempre ha sido un país minero, eso lo hemos escuchado tantas veces…
Pero, ¿podemos asegurar que seguirá siéndolo?
Los últimos años han sido particularmente duros para la industria y nos han puesto en una tremenda encrucijada que debemos corregir, si queremos aprovechar el potencial de desarrollo y crecimiento que nos ofrece la minería.
Esta actividad es de largo plazo y requiere de certezas y estabilidad para poder materializar las millonarias inversiones que requiere, no basta solo contar con el potencial geológico. Lo que ha hecho crecer a Chile en las últimas décadas fue la relación virtuosa entre los recursos mineros y la seguridad que ofreció a quienes corrieron los riesgos: esta fue la clave para posicionarnos sobre otros países mineros competidores directos. Pero, lamentablemente, hoy el escenario parece ser diferente.
Hay tres aspectos que nos están impactando particularmente y que se han agudizado en los últimos años.
Primero, las modificaciones al régimen tributario. En los últimos 17 años la minería ha experimentado cinco cambios en este aspecto. De por sí, eso supone una tensión para la industria la cual, en el mismo tiempo, ha visto disminuir su participación como principal productor de cobre: si antes Chile representaba el 36%, ahora solo es un 26%. Esto se explica principalmente porque el nivel de costos y riesgos es mayor que en otros distritos mineros como Canadá, Australia o Perú. Hoy en Chile, por ejemplo, sale más caro invertir y producir cobre que en Perú.
En este contexto hemos conocido el proyecto de nuevo royalty presentado por el gobierno, estructurado en dos componentes: uno ad valorem, que oscilará entre tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino y entre 1% y 4% para aquellos con más de 200.000; y otro componente sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 36% sobre la rentabilidad operacional, para precios entre dos y seis dólares la libra. En ambos casos se establecen tasas que varían según el precio del cobre.
Chile hoy tiene espacio para aumentar la contribución de la minería, ya que las tasas efectivas están en el orden del 40-41%, situándonos en la parte baja del ranking. Con el proyecto que se discutió el año pasado en el Senado quedábamos en torno al 50%, cifra que aún es competitiva con otras jurisdicciones, pero transformándonos en un país “caro”. Pero el proyecto presentado recientemente, quedaríamos con tasas efectivas de hasta un 57%, según informó el Ministerio de Hacienda. De aprobarse tal como está el proyecto, quedaríamos en el rango más alto respecto de otras jurisdicciones mineras del mundo, sin hacernos cargos de la realidad geológica de nuestros yacimientos.
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