Objetivo de los titulares es ordenar su iniciativa y conversar con las comunidades para no exponerse a un eventual rechazo en la evaluación por parte de la autoridad.
Los próximos días serán claves para uno de los proyectos más emblemáticos en la minería en Chile. Se trata del proyecto “Expansión Andina 244” de Codelco, cuyo objetivo es ampliar la capacidad de extracción y procesamiento de mineral de la División Andina.
El próximo 31 de julio vence el plazo que solicitara la estatal a la autoridad ambiental para responder al Informe Consolidado N°2. De esta forma concluirán los siete meses de plazo que otorgara el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a la iniciativa avaluada en US$6.800 millones, por lo que su tramitación se reactivaría.
Esta ha sido una de las fórmulas de los titulares de los proyectos: poner en “suspenso”, a fin de ordenar su iniciativa y conversar con las comunidades para no exponerse a un eventual rechazo de la obra presentada a evaluación por parte de la autoridad.
En esta línea, la autoridad ambiental aceptó la prórroga de Andes Iron SpA, sociedad ligada a las familias Délano Méndez y Garcés Silva. En este caso, la directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Claudia Martínez, determinó extender la suspensión del plazo del procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Dominga. La fecha en que culminará la suspensión de plazo será el día 11 de enero de 2016.
El caso de Dominga es particular. Es que en una resolución express de 24 horas, la autoridad determinó aceptar la carta enviada por su gerente general, Iván Garrido, de suspender la tramitación del proyecto, cuya inversión asciende a US$2.500 millones.
El objetivo de Andes Iron SpA es producir y comercializar concentrado de hierro como producto principal y concentrado de cobre como subproducto.
Las interrupciones en la tramitación ambiental de grandes proyectos no sólo afectan a iniciativas inmersas en el mundo minero, sino que es transversal.
El pasado 30 de abril, el SEA del Biobío suspendió la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental de Central El Campesino, cuya inversión alcanza los US$804 millones. La fecha en que culminará la suspensión de plazo será el 30 de octubre de 2015, determinó la autoridad regional.
En el mismo estatus se encuentran: Terminal GNL Penco-Lirquén (Octopus), Parque Eólico Santa Fe y Terminal Cerros de Valparaíso TCVAL, cuyos procesos de evaluación se han extendido hasta el 30 de octubre, 2 de septiembre de 2015 y 30 de abril de 2016, respectivamente
Fuente: Pulso