Los jueces Rubén Ballesteros, Haroldo Brito, Rosa Egnem, Andrea Munoz y Carlos Cerda, conforman la sala de la Suprema.
Tras dos meses de postergaciones, finalmente el lunes en la Tercera Sala de la Corte Suprema se realizaron los alegatos por la causa que mantiene suspendido el proyecto Pascua-Lama Los abogados José Antonio Urrutia, representante de Minera Nevada, filial de Barrick; Alvaro Toro por parte de la asociación indígena consejo comunal diaguita de Guascoalto, y Cristián Gandarillas a nombre de la Sociedad Agrícola Santa Mónica limitada y otros.
Los alegatos se enmarcaron en el recurso de casación presentado por la minera para impugnar el fallo del Tribunal Ambiental que invalidó el accionar de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en la sanción que impuso por los incumplimientos del proyecto, en particular las sanciones impuestas.
En el fallo se anuló la multa de US$ 16 millones establecida, ya que la consideró como “mal calculada”, y ordenó realizar una nueva investigación.
La defensa de la canadiense, reiteró su posición argumentando que el tribunal no puede dictar cómo debe actuar la SMA, y calificó el fallo como “extra pepita”, al establecer una sanción, lo que sería de exclusiva potestad de la superintendencia.
Ante esa situación solicitaron a la Tercera Sala, que está conformada por los ministros Rubén Ballesteros, Haroldo Brito, Rosa Egnem, Andrea Muñoz y Carlos Cerda, que dicte una nueva sentencia considerando una menor cantidad de incumplimientos, ya que los 22 actuales podrían ser agrupados.
Los abogados de las comunidades pidieron la ratificación del fallo del Tribunal Ambiental, pues marcaría un precedente en el desarrollo de proyectos relacionados con el medio ambiente.
Agregaron que se respetaría el principio de evitar daños antes de castigarlos cuando ya han ocurrido, junto con reforzar la responsabilidad de quienes contaminen o dañen el medio ambiente a asumir las consecuencias ambientales.
De no acogerse la reclamación de la minera se recalcularía la sanción fijada por la SMA y, según cálculos de expertos de la industria, la multa económica podría elevarse hasta los US$ 260 millones.
Fuente: Diario Financiero