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SEA detalla proyectos sujetos a Declaración de Impacto Ambiental presentados durante julio
Estas iniciativas fueron presentadas a las Comisiones de Evaluación de las regiones o ante la Dirección Ejecutiva de la entidad.

El presidente de Sonami, Jorge Riesco, indicó que la actividad minera requiere certeza jurídica y estabilidad en las normas que regulan la inversión.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, valoró el “Pacto Fiscal para el Desarrollo”, el cual apunta a “racionalizar el gasto público y por esa vía contribuir al crecimiento económico del país”. 

No obstante, el presidente de Sonami indicó que “lo que se requiere para una mayor transparencia, eficiencia y calidad es precisamente conocer los detalles y alcances de las medidas enunciadas. Se insiste en la fórmula de comisiones y comité de expertos, que no tenemos claro qué papel cumplirán”.

“A este respecto, consideramos positivo que se avance en el proceso de evaluación de programas y políticas públicas, a través de la creación de una agencia para la Calidad de las Políticas Públicas”, mencionó Riesco. 

Pero a pesar de los avances positivos que tiene el Pacto Fiscal, el presidente de Sonami sostuvo que hay preocupaciones con respecto a algunas medidas anunciadas: “Como la que señala una reforma a la tributación a la renta, que incorpore aumentos de impuestos. Cabe preguntar entonces, en qué consiste esta reforma, cuál es su alcance, que impuestos se aumentarán, a que niveles, etc. No tener información sobre esta materia genera incertidumbre y, por cierto, afecta los niveles de inversión y en definitiva el crecimiento”. 

Sector minero en el Pacto Fiscal
Por otro lado, desde el ámbito minero, Riesco indicó que Sonami aprecia “que se propongan medidas en orden a disminuir en 30% el tiempo de tramitación de proyectos mineros”, pero consideran que es insuficiente para que se despliegue con fuerza la inversión minera: “Debemos recordar que recientemente la CNEP determinó que el plazo de tramitación de un proyecto minero es de prácticamente nueve años”, dijo.

“Considerando que la actividad minera se desarrolla en el largo plazo, para lo cual requiere certeza jurídica y estabilidad en las normas que regulan la inversión, no apreciamos medidas que apunten en esa dirección, en circunstancias que países que compiten con Chile por atraer inversión minera extranjera, como el caso de Perú, sí cuentan con estos mecanismos de invariabilidad tributaria”, señaló Riesco.   

En la misma línea, mencionó que “se plantea desarrollar una minería “limpia y competitiva”, pero no hay una correspondencia con los instrumentos para ello. En este mismo ámbito, para desarrollar una minería limpia y competitiva, ya en operaciones en muchas faenas, no está claro en que ayudaría la aplicación de créditos tributarios (Ley de créditos tributarios). Al respecto, cabe hacer presente que el 80% del agua que utiliza la minería en sus procesos se recircula. Esto es conocimiento, esto es competitividad, esto es, en definitiva, eficiencia”. 

Fuente: Reporte Minero

El representante de la Asociación Chilena de Desalación destaca el círculo virtuoso que se produce con la instalación de plantas desalinizadoras y aboga por una política pública de largo plazo para alcanzar una mayor cobertura.

Hoy aproximadamente el 80% de la capacidad de desalación instalada en el país es para uso en faenas mineras. Y la minería representa aún más si se consideran los proyectos de plantas desaladoras en desarrollo. “Hablar de desalinización y de minería son sinónimos”, sostiene Carlos Foxley, presidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso de Agua (Acades).

“Tenemos alrededor de 8.500 litros por segundo (l/s) y más de 6.000 l/s son para instalaciones mineras. Y de los proyectos que vienen, la mayoría también es para operaciones mineras”, afirma el ejecutivo. En ese sentido, menciona una serie de iniciativas en curso, que están en distinto grado de avance: la planta desalinizadora de Quebrada Blanca Fase 2 (QB2), está en la etapa de puesta marcha; la planta de Minera Los Pelambres, en construcción y en tiempo para iniciar su operación este año; la desaladora de Collahuasi, que hace varios meses inició su construcción; la desalinizadora para el Distrito Norte de Codelco, cuyas obras están a cargo de un consorcio conformado por Marubeni y Transelec y que se espera entre en operaciones el primer trimestre de 2026; y adicionalmente está la planta de Aguas Pacífico, de la que uno de sus offtakers principales es Anglo American para Los Bronces.

De acuerdo con el presidente de Acades, la relación entre las empresas mineras y la desalación se ha dado a través de distintos esquemas. “Hay algunas compañías que externalizan el servicio como lo hizo Spence con su proyecto Caitan, donde la minera le compra el agua a un tercero, a un consorcio que construye, financia, opera y mantiene por plazos largos. Lo mismo está haciendo Codelco en Distrito Norte”, comenta.

Por otro lado, “hay compañías como Quebrada Blanca, que prefieren construir la planta y ellos compran la ingeniería y los equipos. Otras prefieren construir llave en mano y le dan todo el suministro a un proveedor, a veces incluyendo el sistema de transporte de agua, que incluso puede ser más relevante en términos de inversión y costos de operación que la desaladora propiamente tal, o a veces lo hacen en paquetes diferentes”, explica.

Win-Win

Respecto del uso que se da al agua proveniente de las desalinizadoras –si es de consumo exclusivo para las faenas mineras o una parte es destinada a las comunidades aledañas–, indica que eso depende caso a caso. “En general, las compañías mineras desarrollan proyectos donde el agua que producen es de calidad industrial, es decir, no es apta para consumo humano, a menos que se le haga un tratamiento adicional. Por lo tanto, en la mayoría de los casos es agua desalinizada que se utiliza en el proceso”, puntualiza.

Pero recalca que, igualmente, hay un beneficio indirecto relevante: “Al usar esa agua desalinizada, las compañías mineras dejan de utilizar aguas continentales. Entonces, las comunidades, ya sea en forma directa por aprovechar parte de esos derechos de agua que no utilizan las mineras, o de manera indirecta porque la empresa, al no usar los derechos de agua que tenía, permite que se recarguen los acuíferos, las comunidades se ven muy beneficiadas con la instalación de estas plantas desalinizadoras. Es un win-win en que todos ganamos cuando se instala una desaladora”.

Asimismo, Foxley ve mucho potencial para el uso compartido de agua desalada entre, por ejemplo, la agricultura y la minería, pero falta una estrategia pública de largo plazo, advierte. “Con tratamientos muy baratos y muy sencillos se puede producir agua con distintas calidades, puede quedar en condiciones para consumo de riego o para consumo potable” dice.

“Ahí el rol de una política pública, con una mirada a 20-30 años, es fundamental. Es necesario que el Estado pueda reorientar algunos subsidios. Las desaladoras son los embalses del siglo XXI y debiese haber un mix donde, con una pequeña ayuda del Estado, esto sea perfectamente accesible para ciertos cultivos. Hay muchos cultivos que sí pueden absorber el costo del agua desalinizada y técnicamente no hay problema, es más, el agua desalada puede llegar a ser de mejor calidad, porque la podemos hacer como traje a la medida”, sostiene.

Además, el ejecutivo destaca que la desalinización tiene economías de escala muy importantes. “En Israel, por ejemplo, las plantas que se están licitando y construyendo hoy son de 10.000 l/s. Eso es más que toda la capacidad instalada que tenemos en Chile con 24 plantas. Y es 12 veces más que la capacidad de la planta de Codelco. Con eso los costos se reducen muchísimo”, remarca.

Planificación territorial

Consultado sobre la necesidad y factibilidad de una mayor planificación territorial para evitar que la instalación de plantas desaladoras se concentre en una misma zona, el representante de Acades hizo ver que el Sistema de Evaluación Ambiental chileno es bastante exigente y que, a pesar de que la normativa está muy dispersa y hay algunas normas que en el país no existen, la industria se guía por la legislación internacional más estricta. “Hemos adaptado nuestros proyectos para que sean coherentes con legislaciones como la española o la australiana”, planteó.

Añadió que una planta desaladora puede estar cerca de otra sin mayor inconveniente; depende mucho de las corrientes y de las condiciones de cada lugar. “Si bien tenemos mucha costa, hay algunos lugares que son mejores que otros, que están más cerca de los centros de consumo, que tienen las corrientes adecuadas, condiciones de barimetría, flora y fauna, entre otras. Por ejemplo, en la Región de Atacama, en un radio de menos de 100 km hay cuatro plantas desalinizadoras, algunas instaladas hace ya 20 años como la de Minera Candelaria, y además está la de Aguas CAP, Mantoverde y la de Nueva Atacama”, comentó.

Acotó además que donde se levantará la desaladora Codelco, a menos de 20 km está la planta de la sanitaria de Tocopilla, y entre ambas se va a construir la desalinizadora de Minera El Abra. “Las tres cumplen con los requisitos ambientales y están estudiados de manera que no se afecten unas con otras ni afecten a terceros”, agregó.

Citando los indicadores de Cochilco, el ejecutivo observó que del consumo hídrico total de la minería, entre 70-75% corresponde a reúso o recirculación de agua. Del 25-30% restante, un tercio proviene del mar, ya sea directamente o como agua desalinizada, y los otros dos tercios de ese remanente provienen de aguas continentales. “De aquí a pocos años, unos 10-15 años, esos dos tercios van a ser en su totalidad agua de mar, sea desalinizada o agua de mar directa”, pronosticó. Eso significaría que el consumo hídrico de la industria minera se compondría de un 70-75% de agua recirculada y un 25-30% de agua de mar.

Ello implicaría dejar de emplear agua fresca para los procesos mineros, una condición que ya hace un par de años empezó a cumplir Escondida, que decidió poner fin a la extracción de agua de los acuíferos altoandinos. La minera, de propiedad de BHP, adelantó así en 10 años su compromiso de no extraer aguas altoandinas, originalmente programado para 2030. Dicha decisión fue posible gracias a la inversión realizada en dos plantas desalinizadoras durante las últimas dos décadas y al mejoramiento operacional que le permitió reducir su consumo neto de agua por tonelada procesada.

En 2006 Escondida puso en marcha su primera planta desalinizadora, de 525 l/s. En 2017 inauguró una segunda instalación, con una capacidad de 2.500 l/s, y ese mismo año dio por finalizada la extracción de agua desde el Salar de Punta Negra. A fines de 2019 completó un proyecto de extensión que aumentó su capacidad de producción de agua desalinizada a 3.800 l/s.

Fuente: Voces Mineras

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fuente: emol.com

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