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Desde el Centro de Estudios del Cobre y la Minería afirmaron que es “clave convocar a una reflexión profunda sobre el futuro de la estatal, plantear opciones distintas de gobernanza, incluida su organización, sus sistemas de control y fiscalización, y un replanteamiento de objetivos”.

El presidente de Sonami, Jorge Riesco, indicó que la actividad minera requiere certeza jurídica y estabilidad en las normas que regulan la inversión.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, valoró el “Pacto Fiscal para el Desarrollo”, el cual apunta a “racionalizar el gasto público y por esa vía contribuir al crecimiento económico del país”. 

No obstante, el presidente de Sonami indicó que “lo que se requiere para una mayor transparencia, eficiencia y calidad es precisamente conocer los detalles y alcances de las medidas enunciadas. Se insiste en la fórmula de comisiones y comité de expertos, que no tenemos claro qué papel cumplirán”.

“A este respecto, consideramos positivo que se avance en el proceso de evaluación de programas y políticas públicas, a través de la creación de una agencia para la Calidad de las Políticas Públicas”, mencionó Riesco. 

Pero a pesar de los avances positivos que tiene el Pacto Fiscal, el presidente de Sonami sostuvo que hay preocupaciones con respecto a algunas medidas anunciadas: “Como la que señala una reforma a la tributación a la renta, que incorpore aumentos de impuestos. Cabe preguntar entonces, en qué consiste esta reforma, cuál es su alcance, que impuestos se aumentarán, a que niveles, etc. No tener información sobre esta materia genera incertidumbre y, por cierto, afecta los niveles de inversión y en definitiva el crecimiento”. 

Sector minero en el Pacto Fiscal
Por otro lado, desde el ámbito minero, Riesco indicó que Sonami aprecia “que se propongan medidas en orden a disminuir en 30% el tiempo de tramitación de proyectos mineros”, pero consideran que es insuficiente para que se despliegue con fuerza la inversión minera: “Debemos recordar que recientemente la CNEP determinó que el plazo de tramitación de un proyecto minero es de prácticamente nueve años”, dijo.

“Considerando que la actividad minera se desarrolla en el largo plazo, para lo cual requiere certeza jurídica y estabilidad en las normas que regulan la inversión, no apreciamos medidas que apunten en esa dirección, en circunstancias que países que compiten con Chile por atraer inversión minera extranjera, como el caso de Perú, sí cuentan con estos mecanismos de invariabilidad tributaria”, señaló Riesco.   

En la misma línea, mencionó que “se plantea desarrollar una minería “limpia y competitiva”, pero no hay una correspondencia con los instrumentos para ello. En este mismo ámbito, para desarrollar una minería limpia y competitiva, ya en operaciones en muchas faenas, no está claro en que ayudaría la aplicación de créditos tributarios (Ley de créditos tributarios). Al respecto, cabe hacer presente que el 80% del agua que utiliza la minería en sus procesos se recircula. Esto es conocimiento, esto es competitividad, esto es, en definitiva, eficiencia”. 

 

Fuente: Reporte Minero

 

 

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