Las transformaciones que requiere Enami

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Gran parte de la modernización de la estatal será este año. La meta es hacerla una empresa eficiente, no rentable. La firma pidió a Hacienda autorización para tomar créditos por US$ 300 millones y se analizan nuevas garantías estatales para apoyar su rol subsidiario.

Radicales deberán ser los cambios que tendrá que enfrentar la Enami para cumplir el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet de modernizar la compañía. Mejorar la gestión, modificar el organigrama, diseñar un plan de egresos, crear un sistema de control de gestión, diseñar una hoja de ruta para las inversiones necesarias para licuar el sobrestock de mineral y reducir la carga financiera, todo eso acompañado de un plan para modernizar la fundición Hernán Videla Lira, ubicada en Paipote, para cumplir con la nueva norma ambiental. Estas son tareas vitales que deben desarrollarse este año, asegura el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Roberto de Groote.

La empresa está en la búsqueda de una inyección de recursos del Fisco, proceso que ya comenzaron con la petición a Hacienda del visto bueno para tomar créditos por US$ 300 millones. Aunque la cartera no ha respondido aún, fuentes allegadas al tema aseguran que ya se evalúan alternativas para fortalecer la posición financiera de la empresa, a través de garantías estatales que le permitirían tomar nuevas obligaciones y aumentar los tradicionales aportes para cumplir su rol subsidiario.

“Para nosotros, es fundamental la mantención de Enami y, desde ese punto de vista, hay temas que debemos enfrentar, como es eficientarla. Creemos firmemente que lo podemos lograr, gracias a diversas medidas que ya estamos tomando, como la racionalización del costo, una mayor eficiencia en la dotación y generando un plan de inversiones que sea razonable”, explica la ministra de Minería, Aurora Williams.

Pero mientras eso ocurre, en estos dos meses y medio la nueva administración redujo los compromisos financieros a US$ 220 millones, porque recibieron mineral que estaba rezagado, y como Hacienda aún no entrega su respuesta, en la compañía están pensando en mejorar el poder negociador con la mediana minería para maquilar (transformar el mineral en ánodos de cobre para ser refinados en Ventanas) y procesar el sobrestock, el que está evaluado en unos US$ 400 millones.

Con dos meses en el cargo, De Groote dice que cuando la ministra lo llamó, “en ningún momento me planteó que sería fácil. Me doy cuenta en el lío en que estoy metido”.

Asegura que la meta de 2014 es reducir las pérdidas obtenidas en 2013 y en el mediano plazo darle a Enami un modelo de negocios que la haga sustentable. En ese sentido, explica que el mandato que recibió es claro: hacer fomento y dentro de eso, transformar a la estatal en una empresa eficiente. “Acá el proceso productivo es para hacer eficiente el fomento, no es para que el Estado gane plata. Codelco es para que el Estado gane plata con la minería. Enami es para que se realice la actividad minera de la pequeña y mediana escala y que se haga mucho más sustentable el sistema minero, pero no tiene como finalidad la rentabilidad, lo que no significa buscar perder plata”, detalla.

La Enami fue creada en 1960, mediante la fusión de la Caja de Crédito y Fomento Minero y la Empresa Nacional de Fundiciones (Enaf). Su función es el fomento, con el fin de apoyar a la pequeña y mediana minería, pero también es el procesamiento de concentrado de cobre y la venta de cátodos, mineral que llega principalmente al mercado asiático, aunque también va a Brasil, Europa y EE.UU.

En 2004 y 2005 fueron los años en que logró dejar atrás las cifras rojas que arrastraba por su alto endeudamiento. El saneamiento financiero fue gracias a la reestructuración de pasivos y la venta de la Fundición Ventanas a Codelco. Sin embargo, ocho años más tarde, la minera nuevamente registró pérdidas. En 2011 obtuvo un resultado negativo por US$ 75,8 millones, dejando atrás un 2010 con ganancias por US$ 30 millones. En 2012, nuevamente obtuvo utilidades, que llegaron a US$ 29 millones -debido a un dividendo extraordinario de Quebrada Blanca, minera donde Enami tiene el 10%, y la venta de prospecciones mineras-, y el año pasado volvió a rojo, con una pérdida de US$ 67 millones.

Problemas contables

Tanto el ex vicepresidente ejecutivo de Enami Felipe Barros, como el saliente ministro de Minería Hernán de Solminihac, son claros para explicar los malos resultados de los cuatro años anteriores. La razón, afirman, fueron las prácticas contables “que no eran las que generalmente son las aceptables”, asevera Barros. De hecho, agrega que debido a esos problemas, durante los cuatro años del gobierno anterior debieron provisionar US$ 173 millones. “Cuando llegamos no había certeza de que la contabilidad reflejara fielmente la actividad de la empresa y creemos que ese esfuerzo que hicimos para cambiar esa realidad dio muy buenos resultados”, explica De Solminihac.

El proceso de cambio fue obligado, dada la puesta en marcha de la metodología IFRS para la entrega de resultados financieros, en 2010. En ese proceso, la administración anterior se dio cuenta de varios problemas. Uno de ellos era la falta de transparencia a la hora de contabilizar el mineral que se recibe de los pequeños mineros. Barros explica que por falta de mineral en la planta Salado se gatilló una investigación en las plantas de Taltal y Matta -las que debían cubrir ese faltante-, que terminó con una denuncia ante el Ministerio Público.

Consecuencia de lo anterior fue la necesidad de provisionar 250 mil toneladas de mineral en Taltal y 30 mil toneladas en Salado y dio lugar a una pérdida de US$ 27 millones que fue a patrimonio, afirma Barros.

Mala gestión

La alta dotación en la casa matriz de Enami, ubicada en Mac-Iver, en Santiago, es otro de los problemas que la nueva administración debe enfrentar. De Solminihac reconoce que existió un mayor gasto en personal durante su período, pero explica que se debió a cambios que tuvieron que implementarse para mejorar la compañía. Uno de ellos, señala, fue aplicar los cambios contables, lo que requirió nuevo personal. A eso se suma la nueva fórmula de cobertura para protegerse del impacto de la variación del precio del cobre desde que se compra el mineral hasta cuando se procesa y se comercializa, lo que demora seis meses.

“Hay un gasto adicional, pero es asociado a una estrategia y algún beneficio que se está obteniendo con esos gastos. No es un gasto por tener más gente, es un gasto necesario para mejores resultados”, señala el ex ministro.

La situación es compleja, pues Hacienda le solicitó para este año reducir la dotación de planta. En 2012, la planilla llegó a 1.325 personas y en 2013 subió a 1.463. Para 2014 se solicitó llegar a 1.250 funcionarios (ver infografía). Para eso, De Groote primero quiere hacer un sinceramiento de las funciones críticas de la firma y luego diseñar un plan de egresos. “Quisiera diseñarlo este año”, comenta. Agrega que “ese plan bien hecho puede significar un ahorro” para la compañía.

También quieren sincerar el aporte del Estado al fomento. Cada año se aprueban US$ 8 millones para este ítem, pero las necesidades fluctúan entre US$ 24 millones a US$ 30 millones. “Quiero ser preciso con Hacienda para decirle ‘esto es lo que necesitamos’, porque si no lo ponen ellos, lo absorbemos nosotros y eso puede ser parte de nuestras pérdidas. Es un tema relevante”, afirma el ejecutivo.

En otro punto que avanzó fue en el cambio del organigrama. Se reactivó la gerencia comercial, unidad que fue eliminada en el período anterior. Para De Groote, esta unidad es vital para mejorar el flujo de caja de la compañía.

Otro cambio en la estructura de Enami fue la eliminación de la gerencia de operaciones y elevar la que era la subgerencia de sustentabilidad, que hoy dependerá directamente del vicepresidente ejecutivo, al igual que la nueva gerencia Paipote, enfocada netamente a analizar las opciones de modernización de la fundición. “Esa es una unidad crítica, no nos podemos caer en eso”, añade.

Fundición Paipote

Una labor que predomina en la apretada agenda de De Groote es el modelo que modernizará la fundición ubicada en Paipote, inaugurada en 1952 y que ahora debe adecuarse a la normativa ambiental sobre emisiones de fundiciones, que entró en vigencia en 2013 y que da un plazo de cinco años para conseguirlo. Los plazos son estrechos, ya que la nueva fundición debería comenzar a operar en diciembre de 2018. Hoy, la minera está evaluando tres opciones de modernización, cuyas inversiones fluctúan entre US$ 350 millones a US$ 500 millones.

La decisión la tomarán en septiembre, adelanta De Groote. Una de las alternativas es mejorar el convertidor Teniente, intercambiador de calor que consta de una serie de tubos por donde se enfría el gas, pero su operación no es rentable. Sin embargo, las nuevas tecnologías que están mirando de China y de Australia generan mayores rentabilidades, aclara el ejecutivo. Otro elemento que destaca es el trabajo que están realizando con Cochilco para evitar la burocracia y ganar tiempo. Pero pese a estos avances, De Groote está agendando una entrevista con el Ministerio de Medio Ambiente, para presentar su inquietud sobre los plazos en que debe comenzar a cumplirse la nueva norma. “El tiempo es restrictivo. La industria en general, en su momento, dijo que el plazo debería ser de siete años y no cinco”, recuerda el jefe de la Enami.

Gobierno corporativo

Modernizar la estructura del directorio también es un tema que realizará esta administración.

De Solminihac destaca este punto y recuerda que en el gobierno anterior se dejó en el Congreso un proyecto de ley sobre la materia que limitaba el directorio a siete integrantes, los que eran nombrados por el Presidente de la República y por el Sistema de Empresas Públicas (SEP), pero que sacaba de la mesa al ministro de Minería, a la Sonami y al Instituto de Ingeniería en Minas.

De Groote indica que “es vital tener un gobierno corporativo, pero no es vital hacerlo en los primeros meses, cuando estamos enfrentados a un conjunto de otras contingencias de importancia, pero lo vamos a hacer”.

Agrega que ese análisis no comenzará de cero y que analizarán tanto la propuesta del gobierno anterior, que fue retirada del Congreso, como también las experiencias de gobiernos corporativos de otras empresas no mineras.

Añade que en el marco de ese cambio, también debería incorporarse un plan de inversiones de largo plazo. “Acá se necesita una política de Estado que debe ser permanente en cuanto al financiamiento, y para eso hay que tener un plan de inversiones que se renueva año a año”, asegura el ejecutivo.

Fuente: La Tercera