Trabajadores de Codelco apoyan Chuquicamata Subterránea pero insisten en “plan B” para transición

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La semana pasada la empresa y los sindicatos instalaron siete mesas de convergencia, para abordar áreas clave en las que se necesita alcanzar acuerdos. Entre ellas, una dedicada a la reconversión laboral.

Como una noticia que ayudó a descomprimir el ambiente, se tomaron en los sindicatos de Codelco el anuncio de la aprobación por parte del directorio y la junta de accionistas de las obras definitivas de Chuquicamata Subterránea.

Esto, porque la principal duda que tenían los trabajadores estaba en torno a eventuales atrasos en la ruta crítica de esta iniciativa, los cuales fueron descartados por la auditoría encargada por el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro.

Con este panorama más claro, dirigentes sindicales explican que hay buena disposición al proyecto, pero insisten en la necesidad de impulsar alternativas que permitan a la operación sortear cualquier inconveniente durante la puesta en marcha que está prevista desde 2019 y tomará cerca de siete años.

"Este proyecto permitirá que la división se ubique dentro del primer cuartil de costos, creemos que es una iniciativa fabulosa, de nivel mundial, pero creemos que hay que dejar una alternativa por si no se llega a la operación en régimen en 2024", dice Carlos Basques, presidente del sindicato Minero.

El dirigente cree que se debe formular un "plan B", que permita obtener mineral para abastecer las plantas de la operación, en caso de cualquier contratiempo.

Visión similar tiene Jeremías Olivares, presidente del Sindicato Nº 2 de Chuquicamata, quien explica que nunca se han opuesto al paso a una operación subterránea, pero que siempre existieron dudas sobre lo que vendrá, en especial respecto a los trabajadores.

"Hemos manifestado que creemos que la transición a minería subterránea debe hacerse con producción de reemplazo, para evitar la caída en la producción que se espera para los próximos años", dice.

Una presentación realizada en 2010 por el entonces presidente ejecutivo de la cuprera, Diego Hernández, estimaba que Chuquicamata bajaría fuertemente su producción hacia 2020, cuando comenzará a operar el proyecto.

Se pasaría de 386 mil toneladas de cobre en 2018 a 117 mil en 2020, para comenzar lentamente a subir el ritmo.

Mesas de convergencia

El cómo hacer esta transición es una de las siete temáticas que los sindicatos y la administración comenzaron a discutir la semana pasada al alero de mesas de convergencia técnica.

Basques plantea que ellos veían como opción iniciar las fases 51 y 52 del rajo aierto, lo que demandaría US$ 2.000 millones y largo proceso de preestriping para dejar el mineral al descubierto. Esto, sumado a que ya se optó por la operación subterránea, hacen inviable esta postura.

Sin embargo, agrega que hay otras alternativas. Además, de reevaluar el desarrollo del yacimiento Quetena, que sería compatible con la operación subterránea, pide que se inicie la fase 20, sitio que fue traspasado a Radomiro Tomic, lo que permitiría mantener la empleabilidad.

Olivares agrega que en las mesas de diálogo deben mostrarse todas las cifras que demostrarían que esto es inviable, para buscar otra opción.

"Tenemos otras sugerencias e ideas de qué hacer, pero el objetivo es hacer el tránsito con producción", dice.

Respecto a las mesas de convergencia, éstas comenzaron a sesionar el jueves pasado y ya tienen cronograma definido.

Entre los temas figuran los procesos de mantenimiento, beneficios de salud y relaciones laborales asociadas a contratos, que califican como precarios porque no tienen el mismo nivel de beneficios que personas más antiguas en la operación, entre otros puntos.

También se abordará el cómo ha funcionado el plan de egreso acordado en el contrato colectivo y que termina en 2016. Fuentes cercanas al mundo sindical, explican que ante este nuevo escenario, es posible que se busque mejorar esa oferta para hacerla más atractiva.

Lo anterior, en parte, porque está la sensación de que el plan de reconversión y reubicación anunciado por Pizarro tendría un efecto acotado, beneficiando sólo a jóvenes y no a la capa intermedia, que actualmente está entre los 40 y 50 años. A ellos sería difícil reconvertirlos y, más aún, llevarlos a otras divisiones.

Los dirigentes plantean que la idea es llegar a marzo con más claridad de los avances, para que la discusión no se eternice.

"Creo que hay disposición de todos los sectores, empresa y sindicatos, para avanzar en los temas", puntualiza Olivares.

Fuente: Diario Financiero